Andalucía primera en regular la "muerte digna"

La ley obliga también a los hospital privados

Ningún hospital andaluz, público o privado, religioso o no, podrá oponerse al deseo de un paciente a la muerte digna. Su derecho prevalecerá sobre los criterios del centro o de sus equipos médicos según el proyecto de ley de Dignidad ante el proceso de la muerte, a cuya tramitación dio ayer luz verde el Gobierno andaluz.

Una norma que impedirá que se repitan casos como el de la paciente terminal granadina Inmaculada Echeverría que, tras veinte años postrada en una cama y mantenida con vida artificialmente, tuvo que ser trasladada del centro religioso en el que estaba a otro público para que se cumpliera su voluntad de ser desconectada del respirador y poner fin a su agonía.

Esta es una de las novedades de la futura ley presentada ayer por la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, que defendió la conveniencia de extender la obligatoriedad a todos los hospitales. "Si existe la negativa de algún profesional, se tendrán que arbitrar los mecanismos necesarios para que otro actúe en este entorno y sin molestia para el paciente como ocurrió en el caso de Echeverría", explicó la consejera.

La norma, que estará lista para su tramitación parlamentaria a mediados de 2009 y que convertirá a Andalucía en la comunidad pionera en la regulación de este derecho, no sólo significará un paso en pro de la libertad y autonomía del paciente.

También servirá para aclarar conceptos -no comprende la eutanasia activa, tipificada como delito en el Código Penal-, fijar criterios éticos y clínicos y dar seguridad jurídica a los profesionales sanitarios, que contarán en sus centros con un comité ético para revolver posibles conflictos. En este último apartado entrará en juego el concepto de la obstinación o encarnizamiento terapéuticos, ya que los médicos estarán obligados a limitar las medidas de soporte vital y evitar que se prolongue en exceso la vida de manera artificial cuando no hay posibilidad real de recuperación.

Otros avances que comprende el futuro texto legal es la posibilidad de que sean administrados cuidados paliativos integrales a domicilio o la adaptación de todos los centros para que dispongan de habitaciones individuales para esos pacientes y los familiares que los acompañen. A estos derechos se suma la opción de rechazar un tratamiento aunque ello suponga acortar o poner en peligro la vida, recibir tratamiento del dolor, incluida la sedación paliativa -para momento de agonía y que sirve para humanizar el momento de la muerte-, y sobre todo, recibir información comprensible para facilitar la toma de decisiones.

La Consejería de Salud también dará más facilidades a quienes deseen dejar constancia de su voluntad en el testamento vital, ya que además de tramitarlo ante sus delegaciones provinciales se crearán nuevos puntos donde formalizar el documento. La nueva ley, entendida por el Gobierno autonómico como una prueba del avance y la "madurez" de la sociedad andaluza, no supondrá un modelo de corte "paternalista", sino que pretende reforzar la autonomía del enfermo y garantizar el respeto a su voluntad al fijar los deberes de centros y profesionales para atenderlo.

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